Reforma tributaria

Luis Larraín

Al entregar esta columna no había aún anuncio oficial sobre reforma tributaria y muy probablemente todavía no lo hay, pero es inminente. Por lo que se ha sabido, la reforma incluiría un alza al 20% del impuesto a las empresas, una disminución de tasas y tramos del impuesto a las personas y además la posibilidad de deducir gastos en educación, reducción o eliminación del impuesto de timbres y estampillas, rebaja o eliminación de aranceles a productos importados establecimiento de impuestos verdes a la contaminación y aumentos de impuestos a los alcoholes; y por último cambios legales que pretenden reducir lo que se ha llamado “loopholes” o filtraciones que redundan en menor recaudación de impuestos en materias como retiros en exceso, gastos rechazados, precios de transferencia, renta presunta, y fijación de márgenes de endeudamiento. En relación al impuesto a los combustibles, pese a que el proyecto inicial del gobierno no los contempla, es muy probable que se contenga alguna modificación dada la posición de la UDI.



Todo este conjunto recaudaría en términos netos entre US$ 700 millones y US$ 800 millones. Esta no es una cantidad demasiado relevante, menos de 0,5% del PIB, lo que confirma que la reforma no es necesaria desde el punto de vista de recaudación (es falso entonces afirmar que es para financiar reformas a la Educación).

Si no se trata de un problema de recaudación, la razón de ser de la reforma, siempre en el campo del análisis técnico, tendría que ser entonces mayor eficiencia tributaria. Es muy discutible que la estructura tributaria resultante de la reforma sea más eficiente, porque si bien algunas de las rebajas que se proponen mejorarían la eficiencia, el alza al 20% en la tasa a las empresas afectaría la inversión y el empleo, especialmente en las empresas pequeñas y medianas. Además, las tasas que se suben son imposibles de bajar y las que se bajan pueden subirse con facilidad en el futuro.

Por otra parte, la importante recaudación que se pretende obtener por lo que se ha dado en llamar eliminación de “loopholes”, por lo que ha trascendido, afectaría especialmente a empresas pequeñas y medianas. Esto es así porque se aplicaría la legislación sobre gasto rechazado, cobrando un impuesto de 35% a empresas que no son sociedades anónimas (que ya tienen ese tratamiento) y que presumiblemente tienen propietarios que tributan con una tasa marginal de impuestos menor al 35%. Lo mismo ocurriría con el concepto de retiros en exceso, en que las sociedades anónimas ya tributan y sólo no lo hacen las empresas que están organizadas de otra manera y tienen pérdidas, que en adelante tendrían que tributar con estos cambios.

¿Por qué entonces querría el gobierno del presidente Piñera, sin tener necesidad de hacerlo, mandar esta reforma tributaria al Congreso? Por razones políticas, se dice. Porque corregiría inequidades y reduciría las brechas entre las tasas de impuestos de empresas y personas.

Lo de corregir inequidades es discutible, porque obviamente las rebajas en las tasas de impuestos a las personas y las deducciones favorecen a los más ricos (los otros no pagan impuestos). Las alzas de impuestos a las empresas y la eliminación de “loopholes” afectarán mayormente a las empresas pequeñas y medianas y con ello a sus trabajadores. ¿Dónde está la mayor equidad?
Por otra parte ya es un hecho que la Concertación, además de atacar estos flancos evidentes, insistirá en que la reforma es insuficiente. De “alcancía” la han llamado y postulan recaudar cifras de hasta diez veces.

Cualquiera sea el resultado de las negociaciones, que incluso pueden llevar a que la tasa a las empresas suba del 20%, el gobierno quedará como mezquino y como defensor de los poderosos frente a los débiles. Justamente lo contrario a lo que quiere proyectar.

Y no resiste análisis la tesis de que con esto se evita que las próximas campañas se centren en la reforma tributaria. Con todo el polvo que se levantará, ese será el tema predilecto de las próximas campañas.